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Ultimamente en incontables ocasiones, hemos tenido la oportunidad de percibir el desánimo en la ciudadanía en
cuanto ésta no ha sentido que se concreten los “cambios” que la clase política prometió con el advenimiento de la
alternancia democrática, que en Jalisco se dio con anticipación al ámbito federal.
La lentitud en la maduración de la democracia, contrasta con las necesidades de la ciudadanía, ya que ésta albergaba
la esperanza de que la propia alternancia, sería suficiente para motivar a los actores políticos a asumir actitudes más
sensibles ante sus necesidades y deseos. Observamos que hasta hoy no ha sido así.
Por un lado vemos una sociedad deseosa de que sus políticos se conviertan en verdaderos orientadores de las
acciones gubernamentales para alcanzar estadios de desarrollo de primer mundo, además de convertirse en
representantes de sus legítimas aspiraciones de bienestar.
Por otro lado, contamos con un sistema partidista y electoral en el que la representatividad de la ciudadanía es solo un
slogan de campaña, ya que en cuanto se logra acceder al cargo, las líneas y compromisos partidistas tienen un peso
específico mayor, que la obligación de representar a la ciudadanía. Contadas y honrosas son las excepciones.
Parece que con la alternancia, los vicios y deformaciones del sistema unipartidista que prevaleció por más de setenta
años, permearon con mayor fuerza respecto a las ventajas de la competencia democrática pluripartidista. Para
fundamentar lo anterior, existen varios ejemplos.
Uno de ellos es el del criterio de interpretación de las recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Salarial; el
sentido común indica que los tabuladores de salarios son indicadores que representan topes máximos a los salarios y
no necesariamente artículos de fe para seguir a la alza los salarios de los funcionarios públicos de primer nivel, dado
que en cada revisión las brechas saláriales se amplían cada vez más respecto a los que devengan los empleados
públicos operativos de base.
Otro ejemplo, son los criterios de decisión con el que se aprueban las reformas a leyes y presupuestos desde el Poder
Legislativo, y que obedecen en mayor medida a las líneas que establecen las cúpulas partidistas mas que a las
demandas de los ciudadanos que representan los diputados. Esta situación, desde nuestra perspectiva tiene su
origen, a que estos personajes consideran que es mejor plegarse a las decisiones de los dirigentes de los partidos
para verse favorecidos en el futuro inmediato con nuevas oportunidades en puestos y candidaturas. Consideramos que
cuando los diputados perciban que solo de los ciudadanos que los eligieron dependerá su permanencia en el puesto,
solo a ellos acudirán para consultar el sentido de sus votos en el Congreso.
En tanto el marco jurídico que norma la actuación de los elementos que conforman el Poder Legislativo no sufra
modificaciones, a los ciudadanos no nos queda otra opción sino apelar al sentido de beneficio social que debe orientar
sus decisiones y actividades.
Así pudiéramos seguir enumerando ejemplos del divorcio existente entre la conciencia ciudadana y gubernamental
respecto a los roles que debe desempeñar el representante de la ciudadanía ante las disyuntivas que se le presentan
cotidianamente.
Uno de los factores que en mayor medida incide para que se dé esta forma de perversión democrática, es la muy
precaria formación política de muchos de los actores que se desempeñan en este escenario y cuya limitada visión
circunscribe su actuar a la inmediatez y el interés personal, por lo que surge la necesidad de parte de los electores que
los colocaron en las posiciones que ocupan, de analizar cada vez con mayor detenimiento el currículum profesional y
antecedentes de actuación de éstos para decidir mejor.
Y usted estimado lector ¿Qué opina?
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